El Govern se opone a la medida de retirada obligatoria
El Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, está preparando un recurso de alzada para impugnar la reciente resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta resolución, publicada el 6 de noviembre, establece la retirada obligatoria del 12% de la producción de aceite de oliva para la campaña 2026-2027. La Conselleria argumenta que esta medida ignora las particularidades del sector oleícola balear y podría acarrear una carga económica y administrativa excesiva para los productores locales y las almazaras.
Consideraciones sobre la producción local
En su recurso, la Conselleria resaltará la necesidad de considerar la insularidad, el bajo volumen de producción y las características únicas del sector oleícola en las Islas Baleares. En los últimos cinco años, la producción media de aceite en la región ha sido de alrededor de seiscientas toneladas anuales, cifra que contrasta notablemente con las más de 1,6 millones de toneladas que se prevén a nivel nacional para esta campaña.
Además, según la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, si se aplicaran los criterios establecidos por la orden ministerial en las Illes Balears, las existencias iniciales y la producción proyectada no alcanzarían el umbral del 120% respecto a la media de las seis campañas anteriores. Por lo tanto, la Conselleria sostiene que la situación del mercado oleícola en las Islas no justifica la implementación de esta medida.
Impacto administrativo y logístico
La carga administrativa que implicaría esta obligación es otro de los puntos que la Conselleria señala en su recurso. En Mallorca, por ejemplo, se estima que sería necesario inmovilizar aproximadamente cuarenta mil litros de aceite, cantidad que, en relación con el total del mercado estatal, no tendría un impacto significativo en los precios. Sin embargo, la aplicación de esta medida obligaría a realizar tareas adicionales de almacenamiento, seguimiento y justificación documental, lo que generaría una carga importante tanto para los productores como para la Administración.
Características del sector oleícola en las Islas
El sector oleícola de las Illes Balears está compuesto por entre cuarenta y una y cuarenta y cuatro almazaras, de las cuales diecinueve están registradas en la Denominación de Origen Protegida Oli de Mallorca. Otras se encuentran en Menorca, Ibiza y Formentera. Cabe destacar que algunas almazaras no registradas no operan en todas las campañas, y su estructura de producción es predominantemente pequeña, lo que complica aún más la implementación de las obligaciones de retirada y control.
Producción para autoconsumo y calidad del producto
Un aspecto importante a considerar es la producción destinada al autoconsumo, que es una práctica común en el sector. La Conselleria argumenta que el aceite que no se comercializa no debería estar sujeto a una retirada obligatoria, ya que no contribuye a los excedentes que se busca regular con esta medida. Además, el sector oleícola balear se distingue por su enfoque en la calidad, con productos certificados bajo la Denominación de Origen Protegida y otras indicaciones geográficas, lo que lo diferencia de las grandes producciones de aceite convencional.
Normativa sin excepciones territoriales
La resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado detalla un mecanismo de retirada temporal para regular la comercialización de aceite de oliva cuando las existencias y previsiones de producción superan ciertos umbrales. Para la campaña actual, se ha establecido un porcentaje de retirada del 12% de la producción declarada desde noviembre. Este mecanismo no contempla excepciones por territorio ni por volumen de producción, aplicándose de manera uniforme a todas las almazaras.
En consecuencia, la Conselleria buscará que la retirada obligatoria no se implemente en las Illes Balears, basándose en la producción limitada, la insularidad y la carga administrativa que conlleva. Además, se planteará la necesidad de considerar criterios específicos para territorios insulares en futuras normativas, así como la posibilidad de ajustar el porcentaje de retirada en función de la evolución del mercado.